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Cientos de vecinos se han movilizado en La Puebla de Arganzón, uno de los dos municipios del enclave de Treviño, en la provincia de Burgos, para gritar alto y claro: «renovables sí, pero no así», como se ha podido escuchar. Los vecinos de La Puebla de Arganzón y de otros pueblos cercanos, así como de Álava, defienden que es necesaria una transición energética, pero que debe hacerse de forma «ordenada, participativa y respetuosa con el territorio y las personas que lo habitan».
La protesta vecinal parte de un movimiento plural, riguroso y firme. Está formado por plataformas como Gorbeialde Defendatu y Horrela Ez, asociaciones vecinales y juntas administrativas que han presentado alegaciones, informes técnicos y propuestas alternativas contra macroproyectos eólicos y fotovoltaicos que se quieren instalar en su territorio.
La iniciativa ha llevado por nombre Mueren los pueblos. Cada uno de los municipios y localidades estaba representado con una cruz con su nombre escrito. Todas las cruces con los nombres de los pueblos se han colocado en la campa del río de La Puebla de Arganzón. Además, se ha bailado un agurrak y, seguidamente, ha comenzado la manifestación, desde las campas del río hasta la plaza donde se ha leído el manifiesto.
No es la primera vez que La Puebla de Arganzón acoge una protesta de este tipo, en febrero una multitudinaria manifestación expresó su rechazo al proyecto Santurce Solar 01. En Las Merindades también se manifestaron cientos de vecinos contra la instalación de más aerogeneradores en su territorio.
«Hoy hemos marchado no solo para detener un modelo injusto, sino para defender otro posible: una transición energética que respete la biodiversidad, las comunidades rurales y el derecho a decidir sobre el territorio. No aceptamos ser zonas de sacrificio para que otros acumulen beneficios», reivindican los vecinos de esta comarca.
Se oponen frontalmente a los macroproyectos fotovoltaicos, como los de Solaria en Álava y el enclave de Treviño. Aseguran que «se están tramitando sin transparencia, sin participación ciudadana y con un enorme impacto sobre nuestro entorno rural, el sector agroganadero y los ecosistemas locales».
Señalan que estos proyectos incumplen principios básicos de la Estrategia Energética de Euskadi 2023 y vulneran derechos fundamentales recogidos en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático.
Por ello, exigen la suspensión inmediata de estos macroproyectos hasta que se asegure su adecuación a criterios de sostenibilidad y justicia social. También apuntan al artículo 11 de la Ley de Transición Energética que garantiza la creación de un Pacto Social con participación real de la ciudadanía.
«También creemos que hay que priorizar suelos ya antropizados como tejados, polígonos y espacios degradados frente a la ocupación de tierras agrícolas, montes públicos o zonas de alto valor ecológico para su instalación». Además, exigen transparencia total sobre la tramitación de los proyectos y la publicación de todos los estudios de impacto.
Realizan una reflexión final: «la transición energética debe ser con nosotras y nosotros, no contra nosotras y nosotros».
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